Clara Aguilera tiene un extenso perfil político desde que comenzó en 1996 en el Ayuntamiento de Granada. Antes, de 1990 a 1995, estuvo al frente de la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias (FAECA). Su trayectoria profesional ha estado casi siempre muy ligada a la agricultura, la ganadería y la pesca. Ahora vuelve a la actividad profesional del sector privado, pero con una mochila cargada de experiencia política y conocimiento de cómo se hacen las leyes. Su trabajo a ambas orillas le permite conocer las necesidades y sensibilidades de los actores políticos, sociales y económicos en la agricultura europea y española.
Después de catorce años en la política andaluza y los últimos diez años en el Parlamento Europeo, vuelve usted a la actividad privada. ¿Es muy distinta la visión del mundo agro desde esas perspectivas?
Sí, la regional es mucho más directa y cercana al territorio. La política europea son más proyecciones y estrategias hacia dónde quieres dirigir los sectores. Me siento muy identificada con Andalucía y con mi tierra, aunque la política europea siempre me atrajo, ya que los ámbitos agrario y pesquero tienen su desarrollo legislativo y competencial en las instituciones europeas. Es allí donde se deciden los grandes temas.
Me pareció interesante por poder participar en todo ese trabajo de la política agrícola en el Parlamento Europeo, en donde he aprendido muchísimo.
En esas dos visiones del territorio, la del día a día y la de estrategia de futuro, es donde más desconexión se nota entre el agricultor, ganadero o selvicultor y la Unión Europea. Son, en ocasiones, como dos trenes circulando paralelos. ¿Hay consciencia de esto en la UE?
Es verdad que no hay cercanía. Pero no es culpa solo de las instituciones europeas, creo que a veces es de todo el sistema, porque no hay una decisión en la agricultura en la que no esté presente, en algún momento del debate, el lobby representativo de los agricultores y de las cooperativas agrarias. Pero yo no sé si eso se transfiere bien en los distintos escalones.
Como diputada he ido a muchos territorios para explicar qué estábamos haciendo y por qué. Pero llegar a todos ellos es muy difícil y no sé si lo hacemos bien todos los estamentos.
El agricultor siente que se toman decisiones en las que no participa y que, de pronto, le caen. Por ejemplo, la reforma de la PAC se aprueba en 2021, pero se aplica el 1 de enero de 2023. Hasta que no le llega a su aplicación no se da cuenta realmente de la repercusión. Choca que se cuestione una reforma de la PAC a finales de 2023 o en 2024, cuando se aprobó en 2021.
¿Quizás sea cuando los efectos de esa nueva PAC han aterrizado en el territorio?
Es que, de repente, se oyen mensajes sobre insecticidas, efectos sanitarios y fertilizantes como si fuesen medidas nuevas, cuando la reducción de pesticidas se viene haciendo desde 2009. A esto se suma una PAC que le ha recortado ingresos en algunos casos, que tiene un nuevo sistema con los ecorregímenes, relacionado con el Pacto Verde, que los agricultores no entienden bien. Añade una sequía brutal que reduce la producción y provoca una subida de precios para el consumidor, pero con muy poca rentabilidad para el agricultor. En el mercado el productor no es el eslabón fuerte de la cadena, y hay una dinámica que te pone el precio de venta en un momento de inflación y subida de costes de producción. Es la tormenta perfecta. Aunque lo principal, en mi opinión, es que el agricultor no alcanza una rentabilidad adecuada por la venta del producto. [...]
Texto: Ismael Muñoz / Fotografía: Socialistas Españoles en el Parlamento Europeo
