• El informe sobre la aplicación de la “Directiva sobre prácticas comerciales desleales (PCD)” en la cadena de suministro de alimentos era uno de los compromisos de la Comisión para reforzar la posición de los agricultores en la cadena de suministro alimentario
• El informe contiene los resultados acerca de la encuesta dirigida a agricultores sobre prácticas desleales en la cadena alimentaria
• Asimismo, la Comisión propondrá este año nuevas normas sobre la aplicación transfronteriza de prácticas comerciales deshonestas

La Comisión Europea (CE) publicó el pasado 23 de abril un informe sobre la aplicación de la “Directiva sobre prácticas comerciales desleales” (PCD) en la cadena de suministro de alimentos como parte de su compromiso para reforzar la posición de los agricultores en la cadena de suministro alimentario, una de las reclamaciones presentadas por el sector agrario el presente año.

En realidad, la Directiva PCD fue adoptada en 2019 y prohíbe 16 prácticas que pueden tener efectos nocivos para los agentes más débiles de la cadena, en particular los agricultores y agricultoras y los proveedores más pequeños. Y es que, mejorar la posición de los agricultores en la cadena de suministro de alimentos, apoyar sus ingresos y garantizar una remuneración justa, son tres de los objetivos importantes de la Política Agraria Común (PAC).

La Directiva sobre prácticas comerciales desleales entró en vigor el 1 de mayo de 2019 y exigía que los estados miembros la transpusieran a sus legislaciones nacionales antes del 1 de mayo de 2021. En diciembre de 2022, todos los Estados miembros habían comunicado dicha transposición a la Comisión. En 2023, se abrieron alrededor de 1.500 investigaciones, de las cuales alrededor del 17 % dieron como resultado una infracción sancionada con una multa.

Informe 2024

El informe recoge 3 puntos principales: prácticas desleales identificadas  a nivel comunitario hasta la fecha, áreas de mejora de dicho reglamento según la última encuesta realizada al sector y nuevas normas a presentar por la Comisión en este 2024.

A) Las prácticas comerciales desleales detectadas con mayor frecuencia en Europa han sido:

• Pagos atrasados ​​de productos agrícolas (50%) y alimentarios perecederos o no perecederos (13%)
• Pagos no relacionados con una transacción específica (7%)
• Pagos solicitados al proveedor por acciones de marketing (7 %), así como para almacenar, exhibir y cotizar (7%)

Alrededor del 41% de las prácticas desleales detectadas se identificaron a nivel minorista (47% en 2022), el 36% a nivel de la industria alimentaria (27% en 2022) y el 22% a nivel del comercio mayorista (25% en 2022).

B) Respecto a las mejoras de esta reglamentación, la reciente última encuesta realizada al sector “identificación de prácticas desleales en la cadena alimentaria”, ha arrojado los siguientes resultados:

• El conocimiento sobre la existencia de normas de la UE en esta materia es muy bajo (38% de los encuestados)
• Más de la mitad de los encuestados (57%) no conoce a las entidades estatales encargadas de hacer cumplir la ley.
• Acerca de la pregunta de por qué no denunciaron una práctica comercial desleal que habían experimentado, los encuestados indicaron temor a algún tipo de represalia por parte del comprador (30%), seguido de considerarla como una práctica común en el sector (23%) o pensar que la autoridad de aplicación no sería capaz de gestionarlo (17%).

C) Los compromisos de la CE para fortalecer la posición de los agricultores en la cadena de suministro de alimentos pasa por crear nuevas normas sobre la aplicación transfronteriza de prácticas comerciales desleales:

• Creación del Observatorio de la cadena agroalimentaria de la UE (AFCO) para aumentar la transparencia en materia de precios, estructura de costes y distribución de márgenes y valor añadido en la cadena de suministro.
• Cambios específicos en el Reglamento para la creación de una Organización Común de Mercados de productos agrícolas (OCM). Incluirá nuevas normas sobre los contratos acaecidos entre agricultores y compradores y un fortalecimiento de las organizaciones de productores para permitir a los agricultores y agricultoras cooperar y actuar colectivamente de una manera más eficaz.

El informe servirá para una evaluación más detallada de la aplicación de la Directiva PCD que la Comisión presentará en 2025 y que podría ir acompañada de propuestas legislativas.