Tras más de dos años de negociaciones, el pasado 21 de octubre se cerró en Luxemburgo el acuerdo definitivo para la futura Política Agrícola Común (PAC 2021-2027), que dotará a España con 47.724 millones de euros, una cantidad muy similar a la del periodo 2014-2020. Esta nueva PAC busca asegurar la viabilidad de los agricultores y ganaderos, manteniendo la ayuda básica a la renta, y refuerza la arquitectura verde con la introducción de algunos mecanismos nuevos, como los ecoesquemas. La nueva PAC se aplicará a partir del 1 de enero de 2023 y tendrá en los dos próximos años un periodo transitorio en el que los agricultores y ganaderos seguirán percibiendo las ayudas con cargo al nuevo presupuesto, pero con las reglas de la anterior normativa.
La más verde de las políticas agrícolas comunes hasta la fecha (un 40 % de sus fondos tienen fines medioambientales) destinará un 60 % de su presupuesto a la ayuda básica a la renta, cuatro puntos más que el pago básico del anterior periodo. Como principal novedad, un 20% de las ayudas directas se destinarán a los ecoesquemas, que han sido uno de los principales escollos en la negociación. Estos planes sobre compromisos medioambientales, voluntarios, complementarán las ayudas normales, ligadas al cumplimiento de las exigencias. Con su aplicación se pretende reducir emisiones y contribuir a que en 2030 un 25 % de la superficie agraria europea sea ecológica, uno de los objetivos de la estrategia De la granja a la mesa. Será también una PAC menos burocrática, que tomará algunos datos de las explotaciones directamente por satélite. Y por primera vez integrará el enfoque de género, una de las propuestas españolas. Otra ha sido incluir en los pagos redistributivos criterios de elegibilidad ligados al porcentaje de ingresos por la actividad agraria, para primar así la figura del agricultor profesional, aunque no tenga mucha superficie. Y al menos el 2 % de los fondos se destinarán a jóvenes agricultores, a través de complementos a la ayuda directa y ayudas a la primera instalación.
La introducción de los ecoesquemas ha generado algunas reticencias en las organizaciones agrarias, que temen que la vinculación del 20 % de los pagos directos a requisitos ambientales, aunque sean voluntarios, pueda llevar a una pérdida de competitividad de las explotaciones que no puedan aplicarlos. El 26 de octubre, en la reunión del Comité Asesor Agrario con Asaja, COAG y UPA, Luis Planas resaltó que las nuevas orientaciones medioambientales “se aplicarán paulatinamente”, tras dos años “de aprendizaje” (2023 y 2024), en los que los fondos no gastados en estos ecoesquemas, se podrán transferir íntegramente a otras intervenciones.
Los Estados deberán continuar trabajando a partir de ahora en la definición de sus planes estratégicos nacionales, otra importante novedad de esta nueva PAC, en la que cada país debe diseñar un plan de aplicación ajustado a sus necesidades específicas. La elaboración de este Plan Estratégico de la PAC en España va a suponer un esfuerzo de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas, para poner en marcha un paquete de instrumentos financiados con un presupuesto final de más de 52.000 millones de euros. En este sentido, Planas señaló en el Senado la necesidad de aunar esfuerzos para alcanzar un pacto de Estado en la aplicación de la nueva PAC y dejar de lado las diferencias territoriales y partidistas.
Tres miembros de Cooperativas Agro-alimentarias participan en proyectos que han sido seleccionados por la Comisión Europea para formar parte del programa Horizonte 2020. La cooperativa oleícola El Tejar participará en Coopid, un trabajo financiado con dos millones de euros, que agrupará experiencias en bioeconomía de varias entidades de todo el territorio europeo, y en el que la entidad cordobesa colabora por su reconocida gestión de los residuos del olivar. Cooperativas Agroalimentarias interviene en calidad de director del proyecto, el segundo que lidera después del proyecto de eficiencia energética SCOPE.
La comisión europea financia también el proyecto MEF4CAP, que estará dirigido por el departamento de economía agraria de la Universidad de Wageningen (Países Bajos) y que contará con la participación de dos cooperativas españolas, la bodega cooperativa Cuatro Rayas y la cooperativa de ovino EAGroup, junto a otros socios de Bélgica, Irlanda, Grecia y Polonia. El proyecto pretende realizar un inventario de necesidades de datos y posibles soluciones que puedan satisfacer las tareas de seguimiento y evaluación de las políticas agrarias post-2020, tanto a nivel nacional como europeo.
Tras el acuerdo alcanzado en el Consejo Europeo sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia —el instrumento del Plan Next Generation EU que va a proporcionar a los Estados el necesario apoyo financiero para las inversiones y reformas que los ayuden a salir de la crisis asociada a la covid-19— el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó el pasado octubre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española asociado, que movilizará 72.000 millones de euros en los próximos tres años.
Esta fuerte inversión estará basada en cuatro pilares: la transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género, y la cohesión social y territorial; y será canalizada a través de una ayuda directa de 59.000 millones y una Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU), que permitirá a España obtener financiación por 12.400 millones más.
El Gobierno ha decidido adelantar en los próximos Presupuestos Generales, presentados el pasado noviembre, 27.000 millones de euros de este Plan, con el fin de acelerar la ejecución de las medidas. Además, quiere formalizar, para su mejor aplicación, una colaboración permanente con las administraciones territoriales en los debates de las próximas conferencias de presidentes autonómicos. Enmarcados en este Plan, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación cuenta con 406 millones de euros del presupuesto aprobado, para la modernización y competitividad del sector primario.
El Consejo de Ministros autorizó el pasado octubre la tramitación anticipada de una convocatoria para proyectos innovadores de interés general, que cuenta con un presupuesto de 17 millones de euros. El objetivo es apoyar las iniciativas de las diferentes entidades de los sectores agroalimentario, forestal y del medio rural que resulten elegidas, en ámbitos que abarcan la seguridad alimentaria, la diversificación de las producciones y el suministro de materias primas.
Las agrupaciones seleccionadas, que entre otros requisitos debían abarcar el ámbito nacional y concitar diferentes perfiles profesionales, configurarán nuevos grupos operativos supra autonómicos para la ejecución de sus trabajos. El límite máximo de ayuda que recibirá cada agrupación beneficiaria es de 600.000 euros, y los proyectos deben estar finalizados antes de marzo de 2023. Casi una cuarta parte de la financiación se destinará a proyectos sobre interoperabilidad de consumo, o la implantación de living labs, dentro de la estrategia de digitalización del sector agroalimentario forestal y del medio rural.
Está convocatoria es la tercera que se realiza en el Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, tras las que tuvieron lugar en 2018 y 2019.
Se está desarrollando en los dos últimos meses del año el primer Programa de Visitas Formativas de Jóvenes Agricultores en Explotaciones Modelo: un plan piloto, diseñado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y participado por UPA y Cooperativas Agro-alimentarias, que está permitiendo a algunos jóvenes profesionales de la agricultura y la ganadería desarrollar un viaje de estudios a alguna de las 51 fincas adscritas, con el objetivo de mejorar sus conocimientos técnicos y de gestión.
Los jóvenes profesionales reciben siete horas de formación diaria en la explotación elegida (perteneciente a otra comunidad diferente a la de origen), durante un periodo de entre 5 y 14 días, sin que les suponga ningún coste, ya que los gastos de estancia y desplazamiento están financiados por el Ministerio. Incluso se ha previsto una partida diaria para que los alumnos puedan contratar a alguien que supla su trabajo en el lugar de origen los días que estén fuera.
La actuación se enmarca en la nueva línea de ayudas contemplada en los Presupuestos del Ministerio, dotada con un millón de euros, y tiene como objetivos generales facilitar el relevo generacional y mejorar la competitividad y sostenibilidad de las explotaciones. Los firmantes del acuerdo esperan que el plan se consolide para que pueda desarrollarse con más alumnos en futuras ediciones.
Casi 100 millones de personas viven en las zonas rurales de la Unión Europea, que suponen el 45 % de su territorio. Este conjunto de tierras y personas desempeña un papel esencial en la transición hacía una Europa más sostenible, la mitigación del cambio climático y el desarrollo de una economía circular, y se enfrenta a desafíos como la despoblación y el envejecimiento, la dificultad de acceso a ciertos servicios y una adecuada conectividad, además de un menor nivel de ingresos.
La visión a largo plazo para las zonas rurales ya estaba contemplada en anteriores políticas de la Unión Europea sobre Desarrollo Rural, pero ha adquirido la condición de hoja de ruta durante la presidencia de Ursula Von der Leyen. Su objetivo es definir una visión de la evolución de estas zonas para que en 2040 se haya dado respuesta exitosa a estos desafíos.
Tras el periodo de aportaciones inicial, o roadmap; acaba de finalizar el de consulta pública, que ha tenido como objeto recopilar la opinión de los ciudadanos, pymes, grupos de acción local, y entidades educativas y de gestión, sobre las necesidades, oportunidades y aspiraciones de estos territorios, y las acciones necesarias para lograrlas. El siguiente paso será una comunicación de la Comisión, prevista para mediados de 2021, a partir de la cual se generarán los debates en las instituciones europeas sobre el futuro de estas zonas y las propuestas para hacer posibles sus objetivos.
El Presupuesto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 2021 asciende finalmente a 8.496 millones de euros, lo que supone un incremento del 10,47 % respecto al del año anterior. Ello va a permitir aumentar las partidas destinadas a todos los sectores, ya sean de carácter agrario, pesquero, o agroalimentario, con el objetivo común de hacerlos más competitivos y sostenibles, y mejorar su rentabilidad.
Aumenta la partida para los Programas de Desarrollo Rural autonómicos, cofinanciados por el FEADER y las comunidades autónomas, hasta 1.365 millones de euros (un 20 % más que en el año 2020). Además, se incrementa en un millón de euros el Programa Nacional de Desarrollo Rural; se crea una nueva línea de apoyo a mujeres emprendedoras, dotada con 500.000 euros, para el desarrollo de sus iniciativas empresariales; y se destina una partida de un millón de euros a acciones formativas para jóvenes agricultores en explotaciones modelo.
En el área de Producciones Agroalimentarias destaca el incremento de casi el 20% para la renovación del parque de maquinaria agrícola y la mejora de la competitividad de la industria y calidad alimentaria, con más de 25 millones de euros destinados a lograr marcas de calidad de sus productos, y empresas y cooperativas más grandes y eficientes. Se potencia asimismo la labor de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), el organismo referente en la vigilancia de las relaciones comerciales, contemplada en la nueva Ley de Cadena Alimentaria, que ha aumentado su partida el 31,83 %.
El Consejo de Ministros aprobó el 3 de noviembre el proyecto de Ley de modificación de la Ley 12/2013, para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, fomentar la transparencia en la conformación de precios y proteger a los productores en origen, los eslabones más débiles en la cadena.
En los contratos, que ahora serán siempre por escrito, cada operador de la cadena deberá pagar al operador anterior un precio igual o superior al coste de su producción, lo que implica que los precios se fijen de abajo hacia arriba y el reparto del valor sea más justo. Se incorpora al ordenamiento nacional la Directiva europea 2019/633 relativa a las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario, y se actualizan las infracciones y sanciones para impedir las prácticas que generan situaciones abusivas. Se reconoce a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) como autoridad de control de lo dispuesto en la ley en el ámbito nacional; que será, además, el organismo de contacto con las autoridades europeas.
La nueva ley completa los cambios ya introducidos por el Real Decreto 5/2020 de 25 de febrero, que ya constituía un primer paso muy importante en la mejora de la cadena. Ahora comenzará su trámite parlamentario con intención de que entre en vigor el 1 de noviembre de 2021, con tiempo suficiente para que el sector se pueda adaptar a los cambios normativos.
