Galicia tiene desde mayo de 2021 una norma clave para impulsar el desarrollo rural. Es la ley de recuperación de la tierra agraria, un texto concebido para fijar población y disminuir el abandono o infrautilización de los terrenos agrícolas, ganaderos y forestales. La norma aporta herramientas concebidas para poner en valor el territorio rural apoyando la actividad agraria con el triple objetivo de crear actividad económica, fundamental para afrontar el reto demográfico; mejorar la resiliencia al cambio climático mediante la prevención de incendios forestales; y garantizar la seguridad alimentaria.
Esta Ley de recuperación de la tierra agraria de Galicia facilita toda una caja de herramientas para la puesta en valor del territorio rural de la comunidad autónoma. Se trata en algunos casos de figuras e instrumentos pioneros, como las aldeas modelo, los polígonos agroforestales o las agrupaciones de gestión conjunta. Todos ellos están orientados a potenciar el aprovechamiento de la tierra, tanto con vocación agrícola como ganadera o forestal, porque creemos firmemente en la compatibilidad de usos en el territorio.
De hecho, estas y otras herramientas tienen como finalidad –además de la propia recuperación de la tierra– contribuir a la ordenación y el desarrollo del territorio rural, colocando cada cosa en su lugar idóneo. Otro de sus objetivos es favorecer la prevención activa de los incendios forestales, mediante el fomento, sobre el terreno, de la actividad agroganadera y forestal. El objetivo final es propiciar la recuperación demográfica, avanzar en la mejora de la calidad de vida de la población y anticiparse al problema de los incendios forestales.
En lo que se refiere al desarrollo de cada una de estas herramientas, el principal objetivo de los polígonos agroforestales es poner en producción grandes superficies de tierra con buena capacidad productiva pero que con el paso del tiempo presentan estados de abandono o infrautilización.
Por su parte, con las aldeas modelo se busca recuperar de manera sostenible las tierras abandonadas alrededor de los núcleos de población, creando actividad agroganadera y, al mismo tiempo, reduciendo el riesgo de incendios.
Por último, las agrupaciones tienen por finalidad favorecer la gestión conjunta y sostenible de los terrenos agroforestales. En este caso, pueden solicitar su reconocimiento como tales diferentes entidades, sociedades o cooperativas.
Esta ley también se enfoca a facilitar el relevo generacional en el ámbito rural. Así, crea el banco de explotaciones, como instrumento público de mediación para promover el contacto entre titulares de las que abandonen voluntaria o forzosamente la actividad y las personas interesadas en su incorporación, con el objetivo de garantizar la continuidad de las explotaciones y así luchar contra su desmantelamiento y el abandono de las tierras que las conforman.
Esta norma favorece, así mismo, la ordenación de los usos del suelo en el territorio rural. En este sentido, se contempla el desarrollo de un mapa de usos agroforestales, en el que ya se está trabajando y que reflejará el uso actual del territorio rural y servirá de base para planificar las actuaciones de las administraciones públicas en la materia. En esta misma línea, la ley prevé la creación del catálogo de suelos agropecuarios y forestales de Galicia, que será el instrumento marco para la ordenación y gestión de los usos de estos suelos en el territorio de nuestra comunidad.
