El papel que juegan las empresas de economía social para hacer frente al reto demográfico es fundamental. Cuentan con profundas raíces en sus territorios, lo que las convierte en un elemento central de las economías y sociedades locales, y las hace difícilmente deslocalizables, generando riqueza y cohesión social y territorial. Por ello, desde CEPES, como patronal del sector, decidimos elaborar hace unos meses el documento Las empresas y entidades de la economía social como aliados frente al reto demográfico y la España vaciada.
A través de este informe, que recoge más de 140 propuestas, hemos querido mostrar al Ejecutivo diversas maneras a través de las cuales nuestras empresas contribuyen activamente a la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, cuyas directrices generales fueron aprobadas por el Gobierno en 2019.
La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, acogió con satisfacción las propuestas planteadas, y aseguró que “es un documento excelente y necesario que contribuye no solo a abordar el reto demográfico, sino, además, a generar empleo y riqueza en el territorio”. Asimismo, mostró su disposición a presentarlo a las comunidades autónomas para que sirva de guía en sus políticas para realizar propuestas que permitan combatir la despoblación.
En línea con las tres cuestiones demográficas en las que se basa la estrategia –despoblación, envejecimiento y efectos de la población flotante–, sus objetivos y las más de ochenta medidas que contiene, desde CEPES planteamos una serie de acciones concretas que responden a cada una de esas medidas. El objetivo es impulsar, entre otros aspectos, la transición ecológica y digital, la innovación en el territorio, el turismo sostenible, la energía y la igualdad de género, además de fomentar el emprendimiento e impulsar la descentralización y la economía de los cuidados.
Las empresas de economía social aportan un peso decisivo en la España rural, ya que constituyen con frecuencia el único tejido empresarial existente en amplias zonas. Uno de los atributos que las caracteriza es que no se deslocalizan, siendo la principal fuente de creación de capacidades emprendedoras en zonas rurales, así como del mantenimiento del empleo y la población. Esto hace que muchas personas puedan seguir viviendo en sus lugares de origen y que no se abandonen y degraden espacios y recursos de gran valor social, ecológico, histórico y cultural. Por todo ello, este modelo empresarial no solo fija población, sino que es un importante aliado para combatir los efectos de la España vaciada.
Quiero también recordar los datos recogidos en el estudio que realizamos desde CEPES sobre el impacto socio-económico de los valores de la economía social, publicado en 2020, el cual señala que dicha economía tiene una presencia importante en las ciudades intermedias (entre 50.000 y un millón de habitantes) y zonas rurales, y contribuye de forma significativa a la creación de tejido empresarial y empleo. Tal y como señala el estudio, basado en fuentes oficiales, este modelo empresarial se ubica mayoritariamente en municipios menores de 40.000 habitantes, suponiendo el 60,2% de las empresas y el 54,6% de sus trabajadores, configurándose como el principal actor empresarial en estos territorios.
Es importante señalar también que la distribución sectorial de las empresas de economía social muestra una mayor dispersión, favoreciendo así la diversificación de la economía rural, y contribuyendo a mejorar la competitividad a través del desarrollo de determinadas ramas que permiten un mejor aprovechamiento de las potencialidades o acercan una oferta de servicios sociales y educativos que es vital para frenar la pérdida de población.
Otro planteamiento es el impulso de iniciativas de gestión común de la tierra. Se trata de apoyar las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra (CEC), donde varios agricultores o ganaderos ceden sus explotaciones para gestionarlas de manera conjunta convirtiéndose, en su caso, en trabajadores de la cooperativa, lo que permite mejorar la productividad y una mejor calidad de vida derivada de la planificación y del reparto del trabajo. También, la creación de secciones de explotación colectiva, que facilitan la gestión conjunta de la producción y un uso común más racional de los medios de producción, sin necesidad de crear una nueva cooperativa. Junto a esas fórmulas, también se fomentan las cooperativas de uso de maquinaria agrícola (CUMA), que permiten reducir la inversión inicial de los que se instalan y fomenta la colaboración y el trabajo conjunto desde el comienzo de la instalación.
Otras acciones para que sus socios tengan explotaciones eficientes, dimensionadas, profesionalizadas y rentables, incluyen programas de asistencia técnica, herramientas de financiación, formación, programas de digitalización, impulso de la cooperación entre socios y prospección de nuevos servicios a los miembros, entre otras posibilidades.
Es interesante profundizar en el trabajo desplegado por el grupo operativo de innovación social en la gestión de tierras (GO INNOLAND), que propone mecanismos de innovación basados en diferentes fórmulas de agrupación y gestión de tierras, llamados iniciativas de gestión común de tierras (IGC), para solucionar el abandono y la falta de competitividad de empresas asociativas en áreas minifundistas.
