La maquinaria para desarrollar territorios rurales inteligentes está en marcha, desde Europa y desde España. Hojas de ruta y planes están sobre la mesa de debates y reuniones para que sean eficazmente ejecutados. La innovación, la participación local y adaptar los desarrollos tecnológicos a un medio y unas demandas muy variables por condiciones geográficas y demográficas van de la mano. Una red de banda ancha o la digitalización de servicios no debe servir solo para comunicar a más velocidad, sino para mejorar también la calidad de vida en el territorio donde se implanten.
La Comisión Europea lanzó en abril de 2017 el documento Acción de la UE para pueblos inteligentes y un portal específico, que, entre pautas y líneas a seguir, contiene la denominación de territorios rurales inteligentes: “áreas rurales y comunidades capaces de aprovechar sus fortalezas y ventajas competitivas para el desarrollo de nuevas oportunidades, donde las redes y servicios, tanto tradicionales como actuales, se mejoran mediante tecnologías digitales, de telecomunicaciones, innovaciones y un mejor uso del conocimiento”.
Además de la definición, importa el espíritu, y ahí se ahonda en la esencia que impregna cualquier política al respecto y que sirve de referencia: “las tecnologías e innovaciones digitales apoyan la mejora de la calidad y del nivel de vida, de los servicios públicos para los ciudadanos y del uso de los recursos; un menor impacto en el medio ambiente; y nuevas oportunidades para las cadenas de valor rurales en términos de productos y procesos mejorados”.