En 2009 nació una iniciativa para conseguir que el minifundio forestal gallego pudiera disponer de una certificación forestal que mejorara su competitividad internacional. El problema era la atomización de las explotaciones, con casi 700.000 propietarios y parcelas de media hectárea, que hacía inviable asumir los protocolos exigidos. La labor desarrollada por el Grupo Gallego de Certificación Forestal y Cadena de Custodia (CFCCGA), ha permitido implantar y desarrollar un modelo innovador, compatible con los dos sistemas internacionales de certificación, FSC y PEFC, adecuado a las peculiaridades de las explotaciones gallegas.
A principios del año 2000 existía una creciente demanda de madera certificada por parte de los mercados de todo el mundo. Esto hizo que la superficie de bosque certificada aumentara significativamente en los principales países desarrollados productores de madera. Una excepción llamativa era la de Galicia. Según Juan Picos Martín, secretario de la Escuela de Ingeniería Forestal de la Universidad de Vigo, “aquí, este proceso se encontraba lejos de seguir estas tendencias, experimentando una pérdida de superficie certificada y evidenciándose que la manera tradicional de implantar sistemas de certificación forestal se encontraba con muchas dificultades a la hora de enfrentarse a la realidad del monte gallego, mayoritariamente privado y muy parcelado”. Estamos hablando de 672.000 propietarios forestales, con una media de propiedad inferior a 2 hectáreas, con frecuencia divididas en 2 o 3 parcelas, de las que el 80% no pasa de las 0,5 hectáreas.