En los momentos actuales, en los que la agricultura se enfrenta a desafíos de carácter económico, tecnológico o medioambiental que requieren iniciativas y respuestas innovadoras, el constante envejecimiento de la población agraria y la necesaria renovación en la titularidad de las explotaciones se convierte en un tema de especial interés en la agenda pública y política de los países europeos. Es necesario abordar el problema teniendo en cuenta sus múltiples dimensiones y los diversos factores que lo generan y agravan, que son tanto de índole cultural como económica, formativa e incluso jurídica.
Según datos de 2016, en España más de dos tercios de los agricultores tienen más de 55 años, aproximadamente el 70 % de los actuales propietarios agrícolas no tiene asegurado el relevo generacional y solo el 8,6 % de los jefes de explotación titulares tiene menos de 40 años (y solo una quinta parte de ellos son mujeres). Estas cifras ofrecen un panorama de cierto pesimismo que es común a muchos territorios y ponen de manifiesto que nos encontramos ante un problema relevante. Es cierto que la agricultura española y europea no es homogénea y dentro del sector podemos encontrar diversidad de situaciones que van desde explotaciones de pequeño y mediano tamaño, con escasa rentabilidad, a agricultores y agricultoras dinámicos e innovadores que consiguen resistir bastante bien la competencia en los mercados. Esta heterogeneidad hace que, además de relevante, el problema sea complejo y se haga necesario huir de análisis simplistas y soluciones generalizadas.
Hasta ahora, la política agraria ha abordado este asunto desde un enfoque basado principalmente en incentivos económicos, mediante programas de ayuda a la instalación de jóvenes agricultores. Buena prueba de ello son las ayudas establecidas en la PAC desde hace ya varias décadas y que se van a reforzar en el próximo periodo de programación 2023-2027. No obstante, su efecto se ha mostrado insuficiente para impulsar significativamente la instalación de jóvenes agricultores y hacer frente al problema del envejecimiento de la población agraria.
El hecho de que este problema se aborde desde programas sectoriales, cuando es un asunto que tiene múltiples dimensiones y en el que convergen factores de diversa naturaleza, podría ser la principal razón del escaso éxito de esas medidas.
Entre esos factores, los hay de índole cultural, que tienen que ver con el predominio en las sociedades modernas de la cultura urbana sobre la agraria y rural, y que se manifiestan en el proceso de concentración de la población en las ciudades o en el valor social otorgado a la profesión agrícola, que si bien ha mejorado momentáneamente por el papel desempeñado por los agricultores en la crisis de la covid-19, siempre ha sido de los más bajos en la escala de valores de las profesiones.
Por ello, hacer atractiva la agricultura para que los jóvenes se dediquen profesionalmente a ella exige una transformación cultural en la que participe el conjunto de las Administraciones Públicas.
Existen también factores de tipo económico, que tienen que ver con la limitada rentabilidad de muchas explotaciones agrarias. Algunos de esos aspectos limitadores pueden ser abordados desde los poderes públicos, pero otros requieren de la voluntad del propio sector agrario para organizarse mejor con los demás actores de la cadena alimentaria. Y para eso es preciso contar con unos agricultores dinámicos, favorables a la innovación y propensos a implicarse en proyectos de cooperación, que trasciendan el estricto ámbito de su explotación individual. De ahí la importancia de la renovación generacional.
La formación es otro elemento que debe ser tenido en cuenta. Siendo importante la transmisión de los saberes y el conocimiento local, gestionar actualmente las explotaciones agrarias obliga a sus titulares a la adquisición de conocimientos sobre herramientas digitales y paquetes tecnológicos, así como familiarizarse con el escenario de cambio climático y pérdida de biodiversidad en que se desenvuelve la actividad agraria. Esto retos deberían trasladarse a los programas educativos en sus distintos niveles.
A esos factores habría que añadir los de naturaleza jurídica. Fórmulas que ya se vienen aplicando en otros países como dar prioridad en la sucesión a aquel miembro de la familia que quiera instalarse como agricultor, incentivar la cesión de la explotación a un nuevo agricultor por parte del titular cuando este alcance la edad de jubilación o utilizar la figura del “sucesor” para impulsar la relación intergeneracional entre el titular y una persona joven que desee instalarse podrían tener recorrido en nuestro país y favorecer el relevo generacional.
